España está entre los países con mayor índice de intercambio de archivos ilegales del mundo. No sólo la música o el cine son las grandes víctimas de la piratería, los programas de ordenador son casi sistemáticamente desprovistos de protección y por tanto accesibles y gratuitos. Se estima que al menos la mitad del software usado en España es ilegal. Hoy día todo producto poseedor de un copyright susceptible de ser convertido en archivo digital es vulnerable ¿Veremos próximamente, cuando el libro, los periódicos y demás productos o contenidos comerciales protegidos legalmente sean mayoritaria o exclusivamente de acceso y formato digital cuál será la solución? Mientras tanto la “normalidad del todo gratis” se ha impuesto especialmente entre los más jóvenes, pero quizás más de uno puede estar echando piedras a su futuro tejado.
En concreto el negocio musical en España es el sector más expuesto en un doble sentido, por un lado la caída en ventas acumulada desde 2001 es del 71,46% y por otro las entidades que representan a los colectivos de autores y empresas discográficas son objetivo de las críticas de miles de ciudadanos. Son las grandes multinacionales discográficas y sus artistas quienes en mayor proporción acusan el golpe económico. Los artistas que gracias al proceder de las compañías durante los últimos años han logrado el éxito, se lo han atribuido egoístamente gracias a su “talento” y cuando han fracasado las expectativas comerciales, como está ocurriendo ahora, achacan la culpa a sus managers, productores y ejecutivos. Nadie quiere reconocer que su público ya no está dispuesto a pagar el precio con el que hasta ahora se ha comercializado la música, y que el modelo por el cual se obtenían grandes beneficios se ha agotado para siempre. Todos los implicados han preferido recaudar por otros medios derivando la responsabilidad de hacerlo a las entidades de gestión de sus derechos.
Las Sociedades de Gestión de derechos de Autores y Editores son entidades nacionales que existen en los cinco continentes, en el caso de España desde hace más de un siglo. Tienen como cometido registrar, catalogar, proteger y administrar en cada país todas las expresiones artísticas de sus autores/socios al amparo de las leyes de propiedad intelectual en vigor. A lo largo del S.XX tanto las Sociedades como las legislaciones se han organizado internacionalmente, han tenido en cuenta las nuevas formas de arte, y día a día adecúan y amplían los contenidos legales a los continuos productos, formatos y medios de comercialización mundiales. Por definición y según sus estatutos, las Sociedades son entidades sin ánimo de lucro, exceptuando obviamente los gastos derivados de su propia administración.
La entidad de gestión otorga a una obra registrada una licencia y un código internacional que la identifica de manera única e inequívoca internacionalmente. En cada país se gestiona y se paga a su correspondiente autor, ya bien sea nacional o extranjero, lo que cada una de sus obras se vende, reproduce o representa. El autor es titular de derechos durante toda su vida, y sus herederos hasta pasados 75 años del fallecimiento del titular, a partir de entonces se consideran de dominio público.
En el caso concreto de la música, de uso masivo en locales de acceso público con ánimo de lucro, no se declara la reproducción específica de un autor concreto, a diferencia de un concierto, sino que mediante un impuesto legislado, se cobra una tasa y la entidad gestora aplica criterios estadísticos para determinar un reparto proporcional entre los socios, normalmente según los que cada autor genera específica y directamente a través de su comercialización estándar (número de ventas). Ahora bien, obtener ingresos mediante impuestos como el denominado canon digital por todo soporte virgen de almacenamiento digital o aparato con capacidad de reproducir y/o copiar audiovisuales es una medida legal discutible por prejuzgar indiscriminadamente a todos los consumidores por el uso que muchos -pero no todos- realizan con la tecnología de consumo. Además la llamada copia privada no es punible legalmente.
La legislación en nuestro entorno europeo afronta de forma diferente la piratería de archivos protegidos bajo leyes de propiedad intelectual. Algunos países contemplan actuar directamente al usuario que descarga archivos de webs de contenidos ilegales, avisando a todo aquel que accede a tales archivos desde la primera vez y en caso de reincidir el Estado corta su conexión a internet por un determinado tiempo, siendo sólo posible reanudarla tras el pago de una multa. Otros contemplan cerrar aquellas webs sin castigar a los usuarios.
Como alternativa a éstas Sociedades, una obra musical puede actualmente adquirir sus derechos y gestionarse internacionalmente en internet por medio de otras licencias y modalidades. Por ejemplo Creative commons otorga a los creadores reconocimiento legal de autoría y ofrece modalidades de copyleft, que da a elegir a los artistas que distribuyen su música por internet si permiten la descarga o reproducción gratuita o no, dependiendo incluso de si alguien la pretende usar en otra actividad comercial con ánimo de lucro.
Desde algunas webs como iTunes, se viene ofreciendo la compra online, es decir descarga legal, bien adquiriendo un álbum completo por no más de 10€, o bien 1€ por canción. Todos los modelos de compra son más baratos que el mismo producto en soporte CD, pero aún hay margen para reducir los precios. Sin embargo hoy día se puede oír casi toda la música del mundo de forma legal desde internet accediendo gratuitamente a la reproducción cuantas veces se desee, de forma inmediata, segura y con calidad: Es el streaming, el nuevo formato de la web Sueca Spotify, y parece ser próximamente también con Google. En tal caso el consumidor no paga nada por la escucha ilimitada de contenidos, y los ingresos se generan por medio de la publicidad. No obstante el margen de beneficios es muchísimo menor, pues proporcionalmente la relación entre el volumen de usuarios (más de 800.000 en España) y la gran cantidad de contenidos a repartir (más de 6 millones de archivos musicales incrementándose a ritmo de 10.000 nuevos por día) hacen que una canción deba ser escuchada unas 150 veces para que la discográfica reciba lo mismo que por una compra online en iTunes. Las cuatro grandes multinacionales discográficas (accionistas de Spotify) piden a estas plataformas alrededor de 1€ por cada 1.000 escuchas. Spotify también ofrece un tipo de cuenta en el que pagando 10€ mensuales se pueden descargar los contenidos, sin publicidad, para que se puedan pasar tales archivos a sus otros dispositivos (móvil, mp3, coche) a fin de disfrutar cuando y donde quiera de su música favorita. Similar es la oferta del sello Virgin respecto de su catálogo, es decir cuota del mismo precio mensual por descarga online ilimitada. Ya en uso está el streaming directamente a los dispositivos reproductores portátiles como el móvil, por lo que cabe pensar que ya no tendrá sentido almacenar música en el disco duro del ordenador ni pasarlo a otros reproductores, como un sencillo cloud player respecto al cloud computing (disponer de un servidor que es tu disco duro con todos sus programas y archivos para manejar desde cualquier ordenador).
Hoy un autor puede colgar o comercializar su obra en internet y exponerla a todo el mundo, así como un usuario o consumidor puede acceder 24 horas 365 días al año y desde cualquier lugar del mundo, a tal obra. Una armonización similar podría llegar desde una acción global, sin fisuras y en la misma dirección de las leyes gubernamentales, la responsabilidad de operadores de internet y la educación de consumo de los usuarios.
Pablo Moreno Bergareche
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